EEUU: progresión del voto histórico desde el Sur a Norte, desde el ejemplo del Estado de Georgia

El presente artículo es un resumen - despojado de ideología - sobre el voto histórico en las elecciones de los Estados Unidos tomando por ejemplo a Georgia. Contiene tecnicismos que a muchos pueden aburrir, pero que los analistas no podemos pasar por alto. Todo acto eleccionario tiene sus matices como este año es la pandemia o antes, la incursión del primer candidato de raza negra (para ellos es aceptada esa definición y no afro, etc.) Las nuevas tecnologías juegan un papel importante, pero como en Argentina existen generaciones que mantienen su voto Republicano o Demócrata, así como por éstas tierras sureñas votan Peronismo o Radicalismo y según los frentes.


Resumen

En este artículo se propone un estudio de la evolución de la participación del estado de Georgia en los procesos electorales en Estados Unidos, a partir de la posguerra y hasta 2012. Para ello se aplicaron métodos estadísticos y comparativos, utilizando la información obtenida de los sitios estadísticos oficiales, sitios independientes y observaciones sobre el terreno. Se determinó que la evolución de los subprocesos presidenciales y congresionales ha sido diacrónica. Se observó una tendencia a los reacomodos de fuerzas, apreciable en el comportamiento de los indicadores electorales, a tono con la variación de la composición étnica de la población del estado.


El sistema político de Estados Unidos es referente obligado para los ensayos en varios países y diferentes momentos históricos y, como tal, un objeto de estudios recurrente y difícilmente agotable en un futuro previsible. Entre las peculiaridades más significativas y de más larga data en la composición y funcionamiento de aquel país, se encuentra la diferenciación entre Norte y Sur. Las dos secciones, como se las llama en la historiografía y la politología estadunidense, tuvieron procesos formativos (en gran medida separados), que generaron estructuras sociales, económicas y de pensamiento muy distintas.

El factor más explícito de esa fractura fue durante mucho tiempo el problema de la esclavitud, base de la estructura productiva del Sur tradicional, pero abolida tempranamente en el Norte (Mason, Mathew, 2006, Genovese, Eugene D, 1989, Foner, Eric, 2011)


La historia contemporánea está llena de procesos políticos en los que la distribución territorial de las preferencias e intereses políticos de los ciudadanos estadunidenses ha estado muy claramente definida. En términos geográficos, la polarización permite trazar una frontera a lo largo de la línea que separó los estados esclavistas de los “libres” a partir del Compromiso de Missouri de 1820.


Con esas peculiaridades como antecedente, el estudio del desarrollo de las relaciones políticas dentro de Estados Unidos tiene necesariamente que considerar esas diferencias seccionales. En la actualidad se asocia el Sur con el Partido Republicano y el Noreste (el antiguo Norte) con los demócratas, pues tienen allí sus bastiones más importantes, como se aprecia en los resultados electorales; sin embargo, ésta es una realidad viva, resultado de una serie de interacciones y condiciones que cambian en el tiempo, a ritmos diferentes.


En este trabajo se propone una aproximación al estado de Georgia. Como parte del Sur tradicional, las construcciones identitarias propias de la región se encuentran presentes con gran fuerza en la conformación del ordenamiento social georgiano actual, y, sin embargo, no todo es tan simple como parece. Una observación algo más detallada descubre algunos matices interesantes. Se propone esta aproximación a ese territorio específico, pues por su historia y características puede considerarse una muestra representativa de ese Sur, y ahí se identifican algunas de las tendencias estructurales presentes en toda la región meridional.

Teniendo esto en cuenta, el objetivo trazado es explicar la evolución del papel de Georgia en el sistema político federal estadunidense, particularmente en los procesos electorales, desde mediados del siglo xx. A partir de ahí, me propuse identificar las tendencias más importantes de ese desarrollo, y relacionarlas con los factores demográficos, entendidos como condicionantes del comportamiento del electorado estatal.


Durante la investigación se utilizaron métodos estadísticos, comparativos e histórico-lógicos para sistematizar y sintetizar la información recogida. Se tuvo, además, la oportunidad de realizar observaciones directas y entrevistas relacionadas con el proceso electoral de 2012, lo cual enriquece considerablemente los resultados.


En el texto se utilizó intensivamente la información proporcionada por varias fuentes oficiales, como la Oficina del Censo de Estados Unidos. Otras fuentes no son oficiales, pero sí fidedignas. Los criterios expresados aquí son resultado del estudio de esos datos y de observaciones del autor sobre el terreno, que incluyen la recepción por el público de los mensajes de campaña y actitudes diversas, comprobadas también mediante el diálogo con especialistas y ciudadanos comunes.

Las elecciones y el colegio electoral

El sistema electoral estadunidense está sujeto a la condición presidencialista de la república, los fundamentos de su federalismo y el carácter indirecto de la elección presidencial. El jefe de Estado se elige por separado en elecciones específicas, donde los estados desempeñan un papel fundamental, por medio de los llamados colegios electorales. Para la rama legislativa, el modelo es de mayoría por distritos. Ello significa que el papel principal dentro de la dramaturgia política lo representan las figuras de los candidatos, con su imagen y su acceso a los medios, así como a las distintas formas de promoción. A esto debemos sumar la relativa debilidad estructural de las formaciones partidistas, las cuales actúan más como foros de coordinación entre grupos y corrientes políticas e ideológicas, que como organizaciones coherentes (Chhibber y Kollman, 2004)


Por tanto, dentro del proceso electoral a nivel federal existen tres subprocesos interconectados, cuyos resultados definen qué figuras ocupan los puestos elegibles: elecciones presidenciales, para la Cámara de Representantes y para el Senado.


En el segundo se renueva un tercio de los mandatos cada dos años, mientras que la Cámara Baja se presenta a elecciones en su totalidad cada vez. Los tres presentan rasgos comunes que emanan de los fundamentos organizacionales del sistema político como un todo, particularmente, la competencia entre candidatos individuales, lo cual implica la búsqueda de una legitimidad personal basada en el carisma, aunque el sistema en su conjunto posee una fuerte legitimidad legal. Todas las tipologías propuestas por Max Weber (1971: 170–241) se hallan en este sistema, pero considero que se articulan en torno a estas dos. Esto implica entender los pilares de la legitimidad como una combinación de factores con múltiples rasgos, incluyendo los identificados como subjetivos y objetivos. Dentro de los marcos de un muy consolidado bipartidismo, esto se expresa en la oscilación entre los dos extremos de ese dipolo.


Una de las especificidades más significativas del sistema electoral estadunidense es la existencia del colegio electoral: un grupo de electores compromisarios seleccionados en cada estado, cuyos sufragios son los que definen el resultado de la votación por la fórmula presidente-vicepresidente.


El funcionamiento de esta institución y el procedimiento electoral a nivel federal están regulados por la sección 1 del artículo II de la Constitución, parcialmente modificado por la Decimosegunda Enmienda (de 1804). Están también recogidos y ampliados en el capítulo 1 del Título 3 del U.S. Code (2011). La otra modificación del proceso se introdujo con la Vigesimotercera Enmienda, aprobada el 3 de abril de 1961 (Hall, ed., 1992: ix-xxvi), en la cual se establece la creación del colegio electoral del Distrito Federal de Columbia, sede del gobierno federal.


Según estas disposiciones, cada entidad cuenta con un colegio, cuya membresía equivale al número de senadores y representantes que tenga en ese momento. Washington, D. C. cuenta con un número igual al que tendría si fuera un estado, con la salvedad de que el número no puede ser superior al del estado que menos tenga. Esas cifras se reajustan según los resultados que arrojan los censos decenales, sobre cuya base se redistribuyen los cuatrocientos treinta y cinco puestos de la Cámara de Representantes, de acuerdo con el principio de al menos un representante por estado y una fórmula de prioridades para la ubicación de los escaños a partir del número cincuenta y uno, aprobada por el propio Congreso. La definición de los distritos electorales es resultado de otro proceso, que históricamente ha priorizado el principio espacial y no el poblacional, lo cual favorece a las áreas de menor densidad poblacional y, por tanto, otorga cuotas considerables a las zonas rurales, las cuales quedan sobrerrepresentadas en el Legislativo federal (U.S. Census Bureau, 2010a)


Como se aprecia claramente, el modo de elegir al jefe de Estado y su sustituto constitucional está organizado según un modelo de más de dos siglos de antigüedad. Dicho modelo establecía una votación indirecta, en la cual el voto popular, inicialmente reducido, sólo era importante en la selección de los compromisarios, quienes poseían capacidad de decisión. En la práctica, esto último ha variado en el tiempo, hasta convertirse actualmente en un paso meramente formal, pues el resultado final es conocido desde que finalizan las elecciones en el estado, aunque queden espacios para algunas sorpresas.


¿Cuál es el sentido, entonces, de mantener esa estructura? En ello confluyen varios factores: el primero proviene de su introducción, en los orígenes mismos, y es la protección de la relación de poder en la sociedad.


La Convención de Filadelfia, convocada en 1787, era básicamente una reunión de comerciantes, hombres de negocios, plantadores, abogados, presidentes de colleges, en total cincuenta y cinco delegados de doce de los trece estados originales (excepto Rhode Island), representantes de la elite de la sociedad estadunidense. En esa cifra se contaban figuras como Alexander Hamilton, James Madison y James Wilson; mientras se encontraban ausentes por diversos motivos otros como Thomas Jefferson, John Adams, John Jay y Samuel Adams (Foner, 2011: 267–271; Morrison, Commager y Leuchtenburg, 1987: 155–169; Franco, Fernández y Lorenzo, comps., 1996: 67–94). Los fundadores de la federación eran conscientes de la existencia de múltiples divisiones en la sociedad, fragmentos que eran resultado de las diversas condiciones de los individuos, que ellos asociaban con la propiedad.


En su criterio, el gobierno federal debía coordinar a estos grupos en pro del bien mayor, para lo cual tenía que estar en manos de los más capacitados, ergo, debía ser controlado por una clase o sistema de clases dirigentes (Hamilton, Madison y Jay, 1961). Este pensamiento se asocia directamente con la formación de lo que Mills (1957) llamó “elite de poder”.

En la actualidad, si bien el papel individual de los compromisarios prácticamente ha desaparecido, su existencia introduce una distorsión del voto popular que, de hecho, cierra el paso a posibles propuestas alternativas que se presentaran fuera de los partidos fundamentales del sistema. Esto reviste importancia adicional si observamos la ampliación paulatina del derecho al voto que introdujeron las enmiendas Decimocuarta (1868), Decimoquinta (1870), Decimonovena (1920) y Vigesimasexta (1971) (Hall, ed., 1992: ix-xxvi), unidas a las tendencias demográficas, como el crecimiento sostenido de la población considerada hispana y asiática, además de la considerable población negra. Lo cierto es que los factores que incidieron en la formación original del modelo federal estadunidense y, por tanto, de la definición de sus marcos legales, influyen hasta hoy en la estructura y funcionamiento del sistema político.


Uno de los factores de este desarrollo ha sido la extensión del principio de winner takes all, es decir, que los representantes del partido que postula al candidato con la mayor parte de los votos emitidos en un estado, aunque sea por un margen muy estrecho, recibe la totalidad de los puestos del colegio. Las excepciones en este punto son Nebraska y Maine. En el caso de Nebraska, por ejemplo, se otorga un voto electoral al ganador de cada uno de sus distritos congresionales y dos al ganador general del estado. Por supuesto, la importancia de estos casos es mínima, pues en la distribución actual cuentan con apenas cinco y cuatro votos, respectivamente, además de que sólo ha sucedido una vez, cuando Barack Obama ganó uno de los votos de Nebraska. Esto es posible porque, según lo establecido por la Constitución, cada estado define cómo se realiza la elección de los compromisarios.


Para comprender un poco mejor este aspecto, cabe considerar otra de las características básicas de Estados Unidos: su condición de federación, particularmente, el problema de la soberanía. En efecto, en una federación moderna existen, de derecho, dos soberanías: la del pueblo (entendido como el conjunto de los ciudadanos de ese Estado) y la de los sujetos de aquélla. En el caso estadunidense, estaríamos hablando de la soberanía del pueblo y de cada uno de los cincuenta estados.


Esta doble soberanía está expresada en el bicameralismo, donde la Cámara Baja representa a los ciudadanos, mientras que la Cámara Alta, a los estados. Por eso, en la primera el número de representantes por estado se ajusta periódicamente, mientras que la segunda permanece fija. Es interesante que hasta la aprobación de la Decimoséptima Enmienda (en 1913), los senadores fueran elegidos por las asambleas legislativas estatales, y sólo después de esa fecha pasaron a ser elegidos por el pueblo de los estados (Hall, ed., 1992: ix-xxvi)


En una medida apreciable, el sistema electoral recoge esa condición, al ponderar el voto por estados, dentro de los cuales es que se produce la votación popular. Dicho en otras palabras, no es una elección, sino cincuenta y uno (contando el Distrito Federal de Columbia), cada una de las cuales da un único resultado, mediado por las decisiones de los compromisarios, y la suma de todas ellas es la que define el ganador final.


Luego, que se mantenga el colegio electoral responde al menos a tres causas visibles: 1) el sostenimiento de un mecanismo de control del sistema por las elites, aunque dicho de manera tan llana pareciera haber perdido eficacia; 2) la ponderación del voto por estados, de acuerdo con la histórica exigencia de éstos de mantener grandes cuotas de autonomía y 3) no debemos olvidar la continuidad de una tradición que incluye la conservación de una Constitución a todas luces anticuada. Además, esta estructura permite la existencia de elites locales, con capacidad para influir sobre el funcionamiento del Estado federal, en la medida en que controlan notables cuotas de poder político.

La historia de un solid state

Los distintos sujetos federados en los que se desarrolla la elección presidencial en particular muestran comportamientos muy diferentes. La mayoría tienen claramente definido, desde etapas tempranas del proceso, por qué candidato se inclinarán, se los considera sólidos (solid states) y, por tanto, son menores los recursos y esfuerzos que les dedican los competidores. Existe un número más reducido en los que ninguno de los contendientes tiene una clara ventaja en la intención de voto de los electores registrados que se considere decisiva y, por ende, están abiertos para cualquiera. Éstos son los que deciden y son los que atraen el grueso de la acción de las campañas. Dichos estados reciben varios nombres: estados campos de batalla (battleground states), estados púrpuras (purple states) o estados pendulares (swing states). Actualmente se considera que Georgia está en la primera de estas categorías, favorable a los republicanos.


La historia política de Estados Unidos está marcada por una serie de realineamientos de las fuerzas políticas en lo referente a sus plataformas programáticas y sus discursos electorales, acompañados por la redistribución territorial de sus bases sociales. Ello es el resultado de la combinación de múltiples procesos, como los cambios en las correlaciones de fuerzas entre los intereses de los sectores de las elites vinculados con cada una de las formaciones, y entre las corrientes y grupos dentro de éstas, así como en la composición de los electorados. Un número importante de autores les ha reconocido un carácter cíclico, el cual ha llegado a considerarse como uno de los componentes fundamentales de la historia estadunidense (Schlesinger, 1990: 41–64; Burnham, 1970)


Las elecciones presidenciales en Georgia fueron ganadas ininterrumpidamente y durante largo tiempo por los demócratas, quienes se impusieron en todas a partir de 1852. Incluso durante los años de la reconstrucción, el electorado georgiano se inclinó por el Partido Demócrata. La implementación del New Deal (nuevo orden) y más tarde la actuación de las sucesivas administraciones de Franklin D. Roosevelt durante la segunda guerra mundial contribuyeron a mantener un alto nivel de apoyo, que se tradujo en votaciones constantemente por encima del 80 por ciento en los comicios que siguieron (The American Presidency Project, 2012). Los resultados de Roosevelt constituyen las cotas más altas alcanzadas por cualquier candidato presidencial en Georgia y compiten favorablemente con las cifras más elevadas que puedan encontrarse en cualquier otro territorio.


El cuadro 1 muestr los resultados correspondientes a la segunda mitad del siglo xx y principios del xxi. Lo que se evidencia es que en las elecciones de 1948 a 1960 los demócratas mantuvieron el control del colegio electoral con márgenes amplios, pero también se observa claramente una paulatina reducción de estos últimos. Es un síntoma de que se estaban produciendo cambios en la correlación de fuerzas entre los partidos en este territorio, una lenta redistribución de las bases electorales que reflejaba los principios de un trasvase continuo de votos hacia los republicanos. Esa situación alcanzó un punto crítico en 1964.


Aquí incidieron varios factores, los cuales habría que estudiar detenidamente. Ése fue el año de la aprobación de la Civil Rights Act, la cual cortó radicalmente los vínculos históricos del Partido Demócrata con los sectores tradicionalistas y racistas del Sur (Hasday, 2007); a su vez, fue un pivote en la construcción de fuertes lazos entre esa formación y las diversas minorías étnicas que ya existían o que se fueron constituyendo como núcleos importantes y marginados de la población estadunidense.


La combinación de este acontecimiento con los cambios estructurales que se produjeron desde los años treinta catalizó el proceso de reorganización del sistema político en todos sus aspectos. A ello hay que sumar los efectos de la aplicación de la Southern Strategy republicana, que se apoyaba en el descontento de los conservadores del Sur para atraer esa masa de votos hacia los republicanos, con un discurso que retomaba en su centro el tema de los derechos de los estados y las libertades individuales (Black, Earl y Merle Black, 2002, Schafer, Byron E. y Richard Johnston, 2006)


El camino de Georgia hacia el lado republicano fue relativamente largo y complicado. Teniendo en cuenta los resultados electorales, los años sesenta se ven como un periodo transicional, si atendemos a que la victoria (por una diferencia relativamente reducida) del muy radical republicano Barry Goldwater en 1964 fue seguida por la del “tercer candidato” George Wallace, quien aplicó su propia Southern Strategy. Éste era un antiguo demócrata, quien condujo una campaña y en general presentó una propuesta que combinaba el populismo de corte sureño, con posiciones prosegregacionistas y los llamados a la ley y el orden. La victoria, muy amplia, de Richard Nixon en 1972 habría sido la culminación del proceso de realineamiento de las fuerzas políticas en el estado, pero los comicios que siguieron en los setenta produjeron un retroceso en ese camino con las cómodas victorias locales de Jimmy Carter, aupado en 1976 por los efectos del escándalo Watergate (Foner, 2011: 1092–1093).

Por tanto, en relación con las elecciones presidenciales, en los años cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta se distinguen fácilmente dos periodos: el que abarcó las dos primeras décadas fue la etapa final de la hegemonía demócrata en el Peach State (Georgia); el segundo es un proceso transicional, largo y complejo, extendido además por la conocida crisis política desatada por el escándalo Watergate. En este último caso, incidió también que James Carter es oriundo de Georgia, por lo que en esas votaciones actuaron también factores no específicamente políticos, algo que identificamos como voto regionalista, cuyos efectos se presentan en las distintas contiendas electorales estadunidenses, con fuerza variable, por supuesto.


Si observamos la gráfica 1, se evidencia que esos procesos a los que nos referimos se expresan también en el comportamiento de las diferencias obtenidas por los ganadores. En los cuatro primeros comicios, los márgenes se sostuvieron por encima del 25 por ciento, aunque en descenso. En 1964, se produjo un mínimo local, seguido por márgenes mayores hasta el máximo global de 1972. A partir de ahí se registraron descensos muy notables, aunque todavía en niveles muy elevados.


Por otra parte, el peso del Peach State en el sistema político estadunidense, y particularmente en el colegio electoral, ha tenido una evolución también lenta. En primer lugar, la proporción que representan los votantes efectivos georgianos ha tendido a aumentar desde el fin de la segunda guerra mundial. En lagráfica 2se aprecia una tendencia lineal ascendente, aunque el rango de valores es relativamente bajo, si lo comparamos con los correspondientes a estados como Texas y Florida -el 6.5 y el 6.9 por ciento en 2012, respectivamente (The American Presidency Project, 2012)−. Pero en cualquier caso hay una tendencia sostenida al crecimiento.

Las redistribuciones de 1990 a 2010 hicieron a Georgia ganar cuatro votos y, por tanto, influir algo más en el resultado final, pero todavía lejos del primer orden. En aras de la precisión, hablamos de un estado grande en términos poblacionales y electorales. Por las dimensiones de su colegio, ocupa el octavo-noveno puesto, igualado con Michigan. Estaría en un cuarto orden, si se considera que California se encuentra en el primero, con sus cincuenta y cinco compromisarios, Texas en el segundo con sus treinta y ocho, Florida y Nueva York en el tercero con veintinueve, y en el cuarto colocaríamos una serie de territorios en el rango de quince a veinte: Pennsylvania, Illinois, Ohio, Michigan, Georgia y Carolina del Norte.

Las redistribuciones de 1990 a 2010 hicieron a Georgia ganar cuatro votos y, por tanto, influir algo más en el resultado final, pero todavía lejos del primer orden. En aras de la precisión, hablamos de un estado grande en términos poblacionales y electorales. Por las dimensiones de su colegio, ocupa el octavo-noveno puesto, igualado con Michigan. Estaría en un cuarto orden, si se considera que California se encuentra en el primero, con sus cincuenta y cinco compromisarios, Texas en el segundo con sus treinta y ocho, Florida y Nueva York en el tercero con veintinueve, y en el cuarto colocaríamos una serie de territorios en el rango de quince a veinte: Pennsylvania, Illinois, Ohio, Michigan, Georgia y Carolina del Norte.

Hay algunos factores que aún se considerarían para comprender mejor el comportamiento electoral de este estado y sus perspectivas. Por ejemplo, aquí funciona una red de simpatizantes y activistas demócratas que tiene una nada desdeñable capacidad movilizadora. Centrada naturalmente en Atlanta, se integran en ella intelectuales, profesionales de distintos tipos, jóvenes de diversas extracciones y algunos miembros de m